En términos generales parece existir cierto consenso en cuanto al éxito relativo de estos programas, que se refleja en el hecho de que hoy más de 110 millones de personas en la región —cifra que representa más del 20% de la población— son beneficiarias de algún tipo de programa de transferencias condicionadas. En la medida en que estos programas se expanden y se consolidan, y gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, se han implementado mecanismos que buscan agilizar el sistema de entrega de las transferencias. Dentro de este contexto, muchos programas se vinculan al sector financiero para realizar sus pagos. Surge así la posibilidad de pensar en los programas de transferencias monetarias condicionadas (programas de TMC) como una puerta de entrada para que los beneficiarios, por lo general excluidos, accedan al sector financiero formal. Se abre entonces una oportunidad para potenciar los impactos de los programas de protección social a través de los beneficios que los servicios financieros formales pueden brindar. Este encuentro supone, además, una vinculación de los programas públicos con el sector privado, con relación a estrategias que pueden resultar en un juego de suma positiva para todas las partes.